Cada caso es un propietario que recibió una sanción, recurrió y ganó. Sin juicios vacíos, sin promesas: aquí están los expedientes.
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Propietaria del Eixample que alquiló esporádicamente su vivienda habitual. El Ayuntamiento de Barcelona multa automáticamente desde 2017 con 60.001€ a cualquier piso anunciado en Airbnb, incluso sin haberse llegado a alquilar, al amparo del PEUAT.
102 vecinos barceloneses —familias y jóvenes que alquilaron esporádicamente su residencia habitual— fueron multados con 60.001€. La asociación ACABA, liderada por Dylan Tarín, presentó la primera demanda colectiva del mundo contra Airbnb por inducción a infracción.
Propietario que vendió su vivienda y el comprador siguió explotándola turísticamente con sus credenciales sin que él lo supiese. La administración balear imputó responsabilidad al titular registral de la licencia caducada.
Propietario que quería vender su inmueble con la licencia turística incluida en el precio, antes de que el Ayuntamiento de Barcelona ejecutara la no renovación en 2028. El proceso de transferencia presentaba trabas administrativas que bloqueaban la venta.
Propietaria que adquirió una vivienda en 2022 con licencia VT vigente heredada del vendedor anterior. En 2024, el Ayuntamiento de Madrid le notificó la nulidad retroactiva de dicha licencia alegando que el inmueble no cumplía los requisitos de acceso independiente en el momento de su concesión.
Familia propietaria de una finca rústica en Ibiza a la que el Consell Insular denegó la licencia de Estancia Turística en Vivienda (ETV) por supuestas deficiencias en la acreditación de la titularidad catastral. Se había reformado la finca y la inversión estaba en riesgo.
Propietario valenciano con VUT correctamente registrada al que la Generalitat abrió expediente sancionador basándose exclusivamente en denuncias del presidente de la comunidad de vecinos, sin inspección in situ ni prueba documental del incumplimiento imputado.
Propietario con licencia HUTB vigente al que el Ayuntamiento le impuso la sanción máxima y una orden de cese inmediato basándose en una inspección realizada durante la renovación del piso, cuando la VUT estaba temporalmente fuera de servicio pero no dada de baja.
Joven barcelonesa que vivía en un pequeño piso de alquiler de una habitación. Estaba en paro y buscaba empleo. Para poder pagar la mensualidad alquiló su vivienda esporádicamente en Airbnb. El Ayuntamiento de Barcelona la sancionó con 30.001€. "Cuando recibí la denuncia, se me cayó el cielo encima", declaró. No pudo mantener el piso y tuvo que volver a casa de sus padres.
Con 60 años y sin llegar a fin de mes, René Pérez decidió alquilar una habitación en el piso donde vivía. En 2019 recibió una multa de 60.001€ del Ayuntamiento de Barcelona. No pudo pagarla y tres meses después le embargaron la cuenta bancaria. "Al borde de la ruina", según ACABA.
Madre soltera propietaria de una vivienda en el centro de Barcelona. Alquiló habitaciones en su residencia habitual para poder afrontar sus gastos. Recibió una multa de 66.000€ y una orden de embargo inmobiliario sobre su propia casa. "Mi vida es un infierno desde que llegó la multa", declaró públicamente.
Jordi se quedó en paro con 62 años en 2018. Él y su familia decidieron alquilar una habitación de su casa para ayudar a la economía familiar mientras encontraba trabajo. El Ayuntamiento de Barcelona le abrió un expediente sancionador de 60.001€ sin distinguir su situación de la de un operador turístico profesional.
Entre 2017 y 2018, Darío alquiló el piso que compartía con su pareja en los períodos en que ambos se iban fuera. Un uso puntual y esporádico de su vivienda habitual. Cuando llegó la multa comenzó lo que él mismo describió como su "peor pesadilla". El Ayuntamiento lo trató exactamente igual que a un operador turístico profesional.
El Ayuntamiento de Barcelona sancionó a 5.077 usuarios de Airbnb en solo dos años: más de 2.500 con multas de 30.001€ y otros 2.577 con multas de 60.001€, por el simple hecho de haber publicado un anuncio —muchos sin haber alquilado ni un solo día. Dylan Tarín presentó la primera demanda colectiva del mundo contra Airbnb por inducción a infracción.
Desde 2017, al amparo del PEUAT, el Ayuntamiento multa automáticamente sin distinguir entre alquiler esporádico de vivienda habitual y explotación turística profesional. Más de 250 vecinos afectados, la mayoría jóvenes y familias modestas que actuaron de buena fe.
Fuente: Associació ACABA (associacioacaba.org) · Dylan Tarín, abogado de la asociación
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