Un recurso administrativo es la herramienta que la ley pone en manos de cualquier ciudadano o empresa para pedir a la Administración que revise un acto suyo —una sanción, una denegación de licencia, una liquidación tributaria, una resolución de subvención— antes de tener que acudir a los tribunales. El marco general está en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que regula tres figuras distintas —alzada, reposición y revisión— y determina cuándo cada una es la vía correcta. Elegir el recurso equivocado, o dejar pasar el plazo, puede cerrar para siempre la posibilidad de defenderse. Esta guía explica, actualizada a 2026, qué recurso corresponde en cada caso, sus plazos y cómo se articula la defensa hasta llegar, si es necesario, a la vía contencioso-administrativa.
¿Qué es un recurso administrativo y para qué sirve?
Un recurso administrativo es un escrito mediante el cual el interesado impugna un acto de la Administración por considerarlo contrario a derecho, y pide que sea revisado, modificado o anulado. A diferencia de una simple alegación, el recurso se presenta contra una resolución ya dictada —o contra el silencio de la Administración— y se tramita conforme a un procedimiento y unos plazos tasados por la ley.
Su función principal es doble: por un lado, ofrece una vía rápida y gratuita para corregir errores de la Administración sin necesidad de pleito; por otro, en la mayoría de los casos es un trámite obligatorio antes de poder acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo. Presentar el recurso equivocado, o presentarlo fuera de plazo, puede provocar su inadmisión y dejar sin defensa al interesado frente al acto impugnado.
Los tres tipos de recurso administrativo
La LPACAP distingue tres figuras, cada una pensada para un momento distinto del procedimiento.
Recurso de alzada
Se interpone contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico de quien dictó el acto. Es de carácter obligatorio: no cabe acudir directamente a los tribunales sin haberlo interpuesto antes. Puede presentarse ante el propio órgano que dictó el acto o directamente ante el competente para resolverlo; en el primer caso, el expediente debe remitirse al órgano superior en el plazo de diez días.
Recurso de reposición
Se dirige contra actos que sí ponen fin a la vía administrativa, y se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto. A diferencia del de alzada, es potestativo: el interesado puede optar por presentarlo o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa. Lo que no es posible es hacer ambas cosas a la vez, ni interponer un recurso de reposición si antes ya se acudió a los tribunales sobre el mismo acto.
Recurso extraordinario de revisión
Es una vía excepcional, reservada para actos firmes en vía administrativa, que solo procede en supuestos tasados por la ley: cuando aparecen documentos de valor esencial ignorados al dictar la resolución, cuando en ella han influido documentos o testimonios declarados falsos, cuando se ha dictado por cohecho, prevaricación u otra infracción penal, o cuando concurre alguna causa de nulidad de pleno derecho. Su plazo de interposición es de cuatro años o de tres meses, según el motivo alegado.
Alzada y reposición son excluyentes entre sí: cada acto administrativo solo admite uno de los dos recursos ordinarios, nunca ambos. Comprobar si el acto agota o no la vía administrativa es el primer paso antes de redactar cualquier escrito.
Plazos para presentar un recurso administrativo
Los plazos son perentorios: su incumplimiento cierra la vía de recurso sin posibilidad de subsanación posterior, salvo supuestos muy excepcionales.
- Recurso de alzada: un mes desde el día siguiente a la notificación si el acto es expreso; si es presunto, por silencio administrativo, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio.
- Recurso de reposición: un mes desde el día siguiente a la notificación del acto expreso, con la misma regla para actos presuntos que en la alzada.
- Recurso extraordinario de revisión: cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada si el motivo es la aparición de documentos esenciales; tres meses desde que se conoció el motivo, en el resto de causas.
El plazo se cuenta en días naturales para los meses y en días hábiles cuando la ley fija el plazo en días, excluyendo sábados, domingos y festivos. Presentar el recurso el mismo día de la notificación, en lugar de al día siguiente, es un error habitual que puede provocar su inadmisión.
Plazo de resolución y silencio administrativo
La Administración tiene la obligación de resolver de forma expresa, pero la ley prevé qué ocurre si no lo hace en plazo:
- El recurso de alzada debe resolverse en un plazo máximo de tres meses. Transcurrido ese plazo sin resolución expresa, se entiende desestimado por silencio, salvo el supuesto excepcional en que el recurso se interponga contra la desestimación por silencio de una solicitud, en cuyo caso el silencio del recurso se entiende estimatorio.
- El recurso de reposición debe resolverse en un mes. Superado ese plazo sin respuesta, también se entiende desestimado por silencio.
El silencio desestimatorio no es un obstáculo: permite al interesado acudir a la vía contencioso-administrativa exactamente igual que si hubiera recibido una resolución expresa denegatoria, sin necesidad de esperar indefinidamente.
Que la Administración no conteste no cierra la vía de defensa. Pasado el plazo de resolución, el interesado puede considerar desestimado el recurso y preparar el recurso contencioso-administrativo, o esperar a que llegue la resolución expresa, que la Administración sigue obligada a dictar aunque sea fuera de plazo.
Requisitos del escrito de recurso
El artículo 115 de la LPACAP exige que el escrito de recurso contenga, como mínimo:
- Nombre y apellidos o razón social del recurrente, e identificación del medio para las notificaciones.
- El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
- Lugar, fecha e identificación del órgano ante el que se formula.
- Las alegaciones, con los documentos que las acompañen.
- Firma del recurrente o de su representante.
El error en la calificación del recurso —llamarlo, por ejemplo, «reposición» cuando en realidad corresponde «alzada»— no es, por sí solo, motivo de inadmisión: la Administración debe tramitarlo conforme al recurso que efectivamente proceda según su contenido, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.
El recurso contencioso-administrativo
Agotada la vía administrativa —bien porque se ha resuelto el recurso, bien porque ha operado el silencio— la última vía es el recurso contencioso-administrativo, regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, ante los Juzgados o Tribunales del orden contencioso-administrativo. El plazo general es de dos meses desde la notificación de la resolución expresa que agota la vía administrativa, o de seis meses desde que se produce el silencio, si se opta por acudir a los tribunales sin esperar la resolución expresa.
A diferencia de los recursos administrativos, el contencioso-administrativo exige representación por procurador y asistencia letrada en la mayoría de los procedimientos, y su tramitación se rige por normas procesales distintas de las del procedimiento administrativo.
Cuándo conviene recurrir y cuándo no
No todos los actos merecen la misma estrategia. Antes de recurrir conviene valorar varios factores:
- Si existen vicios de forma en la tramitación del expediente —falta de audiencia, motivación insuficiente, incompetencia del órgano— que puedan determinar la anulabilidad o nulidad del acto.
- Si el fondo del asunto es defendible con la prueba disponible, o si el recurso solo serviría para retrasar un desenlace ya previsible.
- El coste de oportunidad de agotar la vía administrativa antes de acudir a los tribunales, especialmente cuando el recurso es potestativo y cabe ir directamente al contencioso-administrativo.
- Si el acto es susceptible de ejecución inmediata pese al recurso, lo que puede hacer necesario solicitar la suspensión cautelar de forma simultánea.
La solicitud de suspensión del acto recurrido no es automática: debe pedirse expresamente y motivarse, ponderando el perjuicio que causaría la ejecución inmediata frente al interés público en que el acto se cumpla.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo para presentar un recurso de alzada?
Un mes desde el día siguiente a la notificación si el acto es expreso. Si es presunto, por silencio administrativo, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio.
¿Qué diferencia hay entre el recurso de alzada y el de reposición?
El de alzada se dirige al superior jerárquico cuando el acto no agota la vía administrativa y es obligatorio; el de reposición es potestativo y se presenta ante el mismo órgano que dictó un acto que sí pone fin a la vía administrativa. No pueden usarse los dos sobre el mismo acto.
¿Es obligatorio agotar la vía administrativa antes de ir a los tribunales?
Sí, salvo excepciones tasadas. Frente a actos que no agotan la vía administrativa es preceptivo el recurso de alzada; frente a actos que sí la agotan, cabe recurso de reposición potestativo o acudir directamente al contencioso-administrativo.
¿Qué pasa si la Administración no resuelve el recurso en plazo?
Opera el silencio administrativo. En la alzada el plazo máximo para resolver es de tres meses; en la reposición, de un mes. Pasado ese plazo sin resolución expresa, el recurso se entiende desestimado y puede acudirse a la vía contencioso-administrativa.